Las autoridades reportan treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro millones novecientos ochenta mil pesos confiscadosEl Gobernador encargado de Risaralda, Germán Darío Saldarriaga Arroyave, solicitó al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que los dineros que las autoridades han sido confiscados a las pirámides financieras por las autoridades en los últimos días en Risaralda, se queden en la región y no sean trasladados a un fondo común.
Luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad, Saldarriaga Arroyave, expresó que el civismo y colaboración con las autoridades que quienes ha sido afectados en Risaralda por estos vendedores de ilusiones, debe ser reconocido por el Gobierno Nacional.
“Estamos aportas que el gobierno nacional emita una serie de decretos con fuerza de ley de carácter penal, administrativo y financiero por eso hemos hecho este llamado respetuoso al Presidente Álvaro Uribe.”, acoto el Gobernador Encargado.
El funcionario destacó que los depositantes de Risaralda han entendido la situación y no han protagonizado saqueos como en otras ciudades. Según el reporte presentado por las autoridades luego se han confiscado en Risaralda 33.684.980 millones los cuales fueron depositados en la cuenta que posee la Fiscalía General de la Nación en el Banco Agrario que expedirá un título judicial por la suma final contabilizada.
En el proceso de reconteo de los dineros se designó una comisión estaban vigilantes y garantes de la transparencia del proceso conformada por miembros de la Policía Judicial, Fiscalía, CTI, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Banco Agrario y representantes de los ahorradores.
DATOS PARA TENER EN CUENTA
Según datos del Comandante del Departamento de Policía Risaralda, Coronel José Antonio Poveda Montes, a la fecha en Risaralda se han recibido más de 2500 denuncias de los incautos inversionistas.
En Risaralda se reunieron los directores de las Fiscalías de los siete departamentos afectados por el tema de las Pirámides.
El Presiente Álvaro Uribe reiteró referencia a cuatro de los puntos que se vienen analizando para enfrentar la situación: primero, elevar a no excarcelable la pena del delito de captación ilegal de dinero; segundo, elevar también a la categoría de delito no excarcelable la conducta de no devolver el dinero a los ahorradores; tercero, definir un proceso administrativo ágil para devolver los dineros recaudados por estas entidades, tendrán prioridad los estratos 1 y 2; y cuarto, facilitar que los sectores más pobres y vulnerables accedan a los servicios de las instituciones financieras formales.
